A medida que se extiende la guerra en Ucrania y continúan los informes de crímenes de guerra, la comunidad internacional continúa señalando a las violaciones de la libertad religiosa como una táctica de guerra.
Las preocupaciones sobre las libertades religiosas fueron provocadas en parte por un fallo de finales de diciembre del Tribunal Constitucional de Ucrania con respecto a las leyes de la nación, que podrían restringir la libertad de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que anteriormente formó parte del Patriarcado de Moscú. A otros les preocupa que se estén aplicando en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia las leyes rusas que restringen la libertad religiosa, a pesar del modelo de pluralismo religioso que existe en Ucrania.
Oleksandra Kovalenko es investigadora de estudios religiosos de Kiev y ex especialista en jefe del Servicio Estatal de Ucrania para Asuntos Étnicos y Libertad de Conciencia.
Kovalenko resaltó las “enormes luchas con la libertad religiosa” en los territorios ucranianos bajo el control de las tropas rusas, en los que las organizaciones religiosas, parroquias y monasterios deben volver a registrarse bajo la ley rusa.
Kovalenko dijo que los ucranianos han experimentado persecución religiosa y restricciones en la práctica religiosa en Crimea desde que Rusia ocupó la región en 2014. En la medida en la que la primera línea de la guerra se adentra en Ucrania, Rusia “comienza el mismo proceso en otros territorios. Es lo que está pasando”, dijo.
Kovalenko dijo que se enteró en 2021 de que algunas iglesias protestantes quedaron prohibidas en áreas ocupadas de la región ucraniana de Donbas, y que los miembros de estas iglesias tuvieron que recurrir a reunirse en las casas de las personas, y en diferentes lugares y días de la semana para evitar ser detectados.
‘Me recuerda a la época soviética y a cómo la religión sobrevivió bajo el régimen comunista”, dijo Kovalenko.
Los grupos no cristianos también están siendo atacados. Por ejemplo, los testigos de Jehová están prohibidos en Rusia y los miembros están siendo encarcelados en Crimea, aunque su religión es legal en Ucrania.
Un informe publicado el 9 de abril por el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, corrobora las declaraciones de Kovalenko. Según el informe, Rusia ha estado “cometiendo graves violaciones de la libertad religiosa” que afectan a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, la Iglesia Católica Romana, así como a las comunidades bautista, luterana, evangélica, menonita, pentecostal y musulmana.
Las violaciones incluyen el secuestro y asesinato de al menos 29 clérigos, la destrucción y el saqueo de al menos 13 lugares de culto y la detención de miembros de estas comunidades religiosas.
El informe afirma que “las autoridades rusas han cerrado, nacionalizado o convertido por la fuerza al menos 26 lugares de culto” a la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú. El instituto afirma que estas acciones “no son probablemente incidentes aislados, sino más bien parte de una campaña deliberada para erradicar sistemáticamente a las organizaciones religiosas ‘indeseables’ en Ucrania y promover el Patriarcado de Moscú”.
El informe también corrobora hallazgos anteriores. Ya en la primavera 2022, la Comisión para Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos informó que “los musulmanes tártaros de Crimea que se oponen a la ocupación rusa de su patria ucraniana continúan recibiendo largas sentencias de prisión por cargos infundados de terrorismo basados en su identidad musulmana y presunta participación en Hizb ut-Tahir, un grupo islamista no violento que es legal en Ucrania [y] en la mayoría de los países occidentales”.
En septiembre pasado, el Instituto para la Libertad Religiosa de Ucrania, con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos en Kiev, emitió un informe que documentaba bombardeos selectivos, vandalismo y saqueo de lugares religiosos y ataques contra líderes religiosos —incluyendo la tortura— cometidos por soldados rusos en Ucrania, desde la invasión del 24 de febrero hasta el 15 de julio.
“Si antes los sacerdotes en los territorios ocupados solo recibían amenazas de muerte, ahora los líderes religiosos son torturados y asesinados —reiteramos, pero en una escala mucho peor que en 2014”, dice el informe.
Otras preocupaciones se centran en el trato del gobierno ucraniano a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, anteriormente del Patriarcado de Moscú. A diferencia de la autocéfala Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que se estableció en 2019 con la bendición del Patriarca Ecuménico Bartolomé de Constantinopla, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana mantuvo vínculos con el Patriarcado Ortodoxo Ruso de Moscú hasta mayo de 2022, cuando sus líderes condenaron la invasión rusa de Ucrania y declararon su “plena autonomía e independencia”.
La enmienda a la ley de libertad religiosa de Ucrania, introducida originalmente en 2018, se ha visto como dirigida a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. El fallo del tribunal constitucional de diciembre sobre una impugnación de esa ley dijo que Ucrania podría obligar legítimamente a las organizaciones vinculadas a un “estado agresor” a ser renombradas para reflejar su asociación. El tribunal dijo que enmendar la ley de libertad religiosa estaba “justificado, ya que contribuye a garantizar la capacidad de defensa del Estado y la capacidad de combate de las unidades de las Fuerzas Armadas en condiciones de agresión armada”.
Este tema fue planteado durante un seminario virtual a principios de este año, organizado por el Centro Berkley para la Religión, la Paz y los Asuntos Mundiales de la Universidad de Georgetown, sobre el tópico “¿Está libertad religiosa en Ucrania bajo amenaza?” Durante el seminario, el miembro del panel Nadieszda Kizenko, profesor de historia rusa y de Europa del Este en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, cuestionó si es el papel del gobierno exigir un cambio en el nombre de una iglesia.
La Iglesia Ortodoxa Ucraniana insiste en que ya no está afiliada a la Iglesia Ortodoxa Rusa y que se debe tomar en cuenta la palabra de sus líderes, argumentó.
En el mismo seminario, José Casanova, miembro principal del Berkley Center, señaló que, durante la Revolución Americana, muchos miembros de la Iglesia de Inglaterra en los Estados Unidos comenzaron a referirse a sí mismos como episcopales.
Los funcionarios de las Naciones Unidas también han expresado su preocupación. A mediados de enero, Ilze Brands Kehris, secretaria general adjunta de la ONU para los derechos humanos, expresó su preocupación por las pesquisas que el Servicio de Seguridad de Ucrania realizó en varios edificios de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, señalando que tres de los clérigos de la iglesia enfrentaban cargos criminales, incluyendo el de traición. Ella exhortó a que Ucrania garantice que cualquier juicio sea justo y “que cualquier sanción penal sea compatible con los derechos de libertad de opinión, expresión y religión”.