Muhammad Omar era un niño cuando huyó de Eritrea con su familia. El servicio militar de 18 meses es obligatorio allí para todos los ciudadanos sanos al cumplir los 18 años. Pero, una vez reclutados, pocos saben cuándo, o si alguna vez, serán dados de baja. Muchos eritreos pasan décadas en el ejército, realizando trabajos forzados y ejercicios militares en el desierto, bajo un sistema que grupos de derechos humanos han comparado con la esclavitud. Cuando Muhammad era muy joven, su padre fue reclutado. La familia nunca lo volvió a ver. 

Hace seis años, antes que el hermano mayor de Muhammad sea reclutado, la familia huyó a Etiopía y se instaló en un campamento para refugiados eritreos (decenas de miles de eritreos han buscado refugio en Etiopía en las últimas dos décadas). Pero la vida era dura y, tras unos meses, el hermano de Muhammad decidió ir a Europa con la esperanza de ganar dinero para mantener a su familia.

Traficantes lo transportaron a través de Sudán a Libia, donde fue tomado como rehén y golpeado sin piedad. Los traficantes llamaron a la familia de Muhammad y les enviaron videos de la agresión a su hermano. Exigieron un rescate y luego subieron a su hermano a una embarcación destartalada. Como tantas embarcaciones similares, ésta se hundió en el mar Mediterráneo. El hermano de Muhammad se ahogó. 

Para Muhammad, la idea de seguir a su hermano era impensable. Ahora vive con su abuela y otros seis familiares en un apartamento estrecho en Addis Abeba, capital etíope. El alquiler es alto, pero, hasta hace poco, la vida era soportable, en gran parte gracias al apoyo que la familia recibía del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR): 1.700 birrs etíopes al mes ($12), además de arroz, aceite de cocina y otros alimentos.

Todo eso cambió en enero, cuando el gobierno de Estados Unidos anunció una pausa inmediata en la financiación de los programas de ayuda exterior. Países europeos, como Francia y Alemania, también recortaron la financiación de la ayuda exterior.

SJR Etiopía, que recibía la mayor parte de su financiación del Buró de Población, Refugiados y Migración de EE. UU., suspendió posteriormente muchos programas. Desde entonces, Muhammad y su familia no han recibido ni dinero ni comida. 

“No tengo ayuda; nadie me apoya”, dice Muhammad, un adolescente tímido con una voz que empieza a quebrarse. “Ahora creo que necesito ir al extranjero, aunque tenga que atravesar Libia”.

“No todos mueren en el viaje. Mi hermano tuvo mala suerte”.

La historia de Muhammad y su hermano es típica de muchos jóvenes en el Cuerno de África, una región asolada por la violencia crónica y la represión extrema de la que muchos quieren escapar. En los últimos años, la situación ha empeorado, especialmente en Etiopía, donde estalló una guerra civil en noviembre de 2020 cuando el gobierno etíope, en connivencia con Eritrea, intentó aplastar al Frente de Liberación Popular de Tigray, el poderoso partido gobernante en la región más septentrional de Etiopía, Tigray. Para cuando se firmó el acuerdo de paz dos años después, se estima que 600.000 personas habían sido asesinadas. Algunas estimados sugieren que el 10% de las mujeres en Tigray fueron violadas como acto de guerra. 

Casi tres años después, el acuerdo de paz ha aportado poca sanación. En 2023, estalló otro conflicto en la región de Amhara, al sur de Tigray, cuando grupos armados insatisfechos con el acuerdo lanzaron una insurgencia contra el gobierno. Otra insurgencia se ha extendido desde finales de 2018 en Oromia, la mayor región de Etiopía. Miles de escuelas y hospitales en todo el país han sido dañados o destruidos. Como resultado, al menos 8 millones de niños no van a la escuela, según UNICEF. 

La inestabilidad generalizada llevó recientemente al país al borde del colapso económico. A finales de 2023, Etiopía incumplió el pago de su deuda. A cambio de un rescate del Fondo Monetario Internacional, en julio de 2024 el país acordó implementar importantes reformas económicas. El resultado fue una devaluación inmediata de más del 50% de la moneda etíope, reduciendo a la mitad el valor de los salarios y ahorros de los etíopes comunes, y su poder adquisitivo; y disparó los precios de los alimentos, el alquiler y otros productos básicos. 

Ya en 2022, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo declaró que la tasa de pobreza multidimensional en Etiopía aumentó al 72%, un aumento de casi el 5% con respecto a 2019, debido a la pandemia y las guerras en Tigray y Ucrania. Se teme que el cambio de moneda de 2024 empeore la situación.

“No puedo sobrevivir aquí”, dice Muhammad, haciendo eco de millones de jóvenes en Etiopía. 

La crisis que asola Etiopía desde hace años ha provocado un aumento de la migración irregular que pone la vida de cientos de miles de personas a merced de los traficantes de personas. En 2023, al menos 96.670 migrantes del Cuerno de África cruzaron el Mar Rojo hacia Yemen, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); el 95% salieron de Etiopía intentando llegar a Arabia Saudita y otros países del Golfo. Entre enero y octubre de 2024, el número de personas que huyeron por la misma ruta casi se duplicó, alcanzando 184.701. Ambas cifras representan solo a los migrantes que la OIM ha podido rastrear. Cada año, miles se dirigen al norte de Europa a través de Libia, o al sur de Sudáfrica. Muchos caen en manos de traficantes de personas, cuyas ganancias dependen de su capacidad para monetizar la crueldad. 

“Hay muchos abusos sexuales en Etiopía. Han aumentado enormemente”.

Según un fiscal federal, que solicitó el anonimato y trabaja en casos de trata de personas en Dire Dawa, ciudad del este de Etiopía, un centro de migración irregular, existen “cadenas de intermediarios [traficantes de personas] en todos los pueblitos” de Etiopía. Estos intermediarios convencen a la gente para que confíe en ellos, presentándoles la maravillosa vida que disfrutarán en Europa o el Golfo.

A menudo cubren los gastos de viaje de los aspirantes a migrantes hasta la frontera con Etiopía, afirma el fiscal, donde son entregados a traficantes de migrantes de Sudán o Somalia. Al igual que en el caso del hermano de Muhammad, son detenidos por los traficantes y sometidos a palizas, torturas y violaciones, y se envían videos a sus familias para obtener un rescate. Al viajar por algunos de los países más violentos e inestables del mundo —Sudán, Libia, Somalia, Yemen—, los migrantes a menudo se enfrentan a esta tortura en repetidas ocasiones a manos de diversos grupos armados o bandas de traficantes, y muchos mueren en el camino. 

Grupos humanitarios y religiosos han trabajado para aliviar este sufrimiento ayudando a quienes corren el riesgo de ser víctimas de trata. Pero,debido a que los países occidentales han recortado los presupuestos de ayuda, estas organizaciones ahora enfrentan dificultades. 

Por ejemplo, SJR solía dar, a jóvenes refugiados, talleres y capacitación sobre los peligros de la migración irregular y la brutalidad de los traficantes de personas. También ofrecía formación profesional en tecnologías de la información, idiomas y música para ayudarles a encontrar empleo y disuadirlos de migrar. Pero, estos programas se han suspendido, afirma Solomon Brahane, director de país del SJR Etiopía.

Anteriormente, el SJR Etiopía recibía gran parte de su financiación del Buró de Población, Refugiados y Migración de Estados Unidos y del ACNUR; la primera se interrumpió por completo, mientras que la segunda se redujo. Como resultado, SJR ha despedido a muchos empleados, incluyendo  a la mitad de los oficiales de protección infantil responsables de identificar a los niños refugiados que podrían estar en riesgo de trata y necesitar apoyo de emergencia, y ha redirigido todos sus recursos a asistencia de emergencia para las familias más vulnerables.

En los últimos dos meses, afirma Brahane, muchos refugiados que se beneficiaron de los programas del SJR han abandonado Etiopía. Algunos, sin duda, habrán estado expuestos a la trata de personas, añade.

Las Hermanas Misioneras Combonianas en Etiopía han logrado continuar su trabajo prácticamente sin impedimentos gracias a que reciben toda su financiación de donantes privados, afirma la hermana Yamileth Bolaños. 

Como miembros de Talitha Kum, una red global de religiosas comprometidas con la lucha contra la lacra de la trata de personas, una parte importante de su misión consiste en ayudar a las mujeres que han sido víctimas de trata o abuso sexual. 

“Hay muchos abusos sexuales en Etiopía. Han aumentado enormemente”, afirma la hermana Yamileth. Trabaja en el convento de su comunidad, una casa rural en Haya Hulet en Addis Abeba, donde las sobrevivientes de violencia sexual y trata de personas encuentran refugio. “Y algunas de estas niñas son muy jóvenes, entre 10 y 11 años”.

En años recientes, miles de mujeres han emigrado a Arabia Saudita y Dubái, por la gran demanda de empleadas domésticas, cocineras y otras trabajadoras domésticas. En muchos casos, sufren una explotación atroz que constituye trata de personas, afirma la hermana Yamileth. 

Aunque estas mujeres suelen viajar al extranjero legalmente, a su llegada, los empleadores les confiscan los pasaportes y las obligan a trabajar sin remuneración y con severas restricciones de movimiento. La hermana Yamileth relata la historia de una joven cuyo empleador la mantenía encerrada en una pequeña cocina, excepto cuando tenía que limpiar la casa. Un día, mientras cocinaba, se produjo un incendio en la cocina, donde quedó atrapada. Sufrió quemaduras en el 95% de su cuerpo y pasó dos años en el hospital. 

Finalmente, el gobierno etíope intervino y la repatrió, donde quedó al cuidado de las Hermanas Combonianas. Las hermanas colaboran con un refugio local, gestionado por Comunità Voluntari per il Mondo, una organización benéfica que colabora con el gobierno etíope para atender temporalmente a mujeres víctimas de trata o abuso sexual. Las hermanas acogen a estas mujeres en su convento y les brindan apoyo psicológico y formación profesional, como repostería o cosmetología. Una vez que están listas para reintegrarse a la sociedad, las hermanas les ayudan a encontrar trabajo y vivienda, y les brindan apoyo para el alquiler por tres meses.

Aunque las hermanas han sido eficaces ayudando a las sobrevivientes, no han podido detener la oleada de miles de personas que abandonan el país y son víctimas de la trata a diario.

“No puedo sobrevivir aquí”, dice Muhammad, haciendo eco de millones de jóvenes en Etiopía.

En Adigrat, una ciudad que sufrió terriblemente durante la guerra de 2020-2022, los jóvenes migran en masa. Muchos son víctimas de la crueldad de los tratantes, e incluso si tienen la suerte de sobrevivir, las consecuencias para sus familias son devastadoras. 

“Venden una casa, venden una vaca, venden sus pollos [para pagar el rescate]”, afirma el abune Tesfasellassie Medhin, obispo de la eparquía de Adigrat. De esta manera, añade, la trata está “acelerando la pobreza”. 

Prevenir esta catástrofe requiere ayudar a las personas a llevar vidas productivas, afirma, dándoles una razón para no perder la esperanza y arriesgarlo todo, incluyendo sus vidas, en un peligroso viaje al extranjero. La comunidad católica de Adigrat, que él dirige, ha participado en diversas iniciativas en este sentido. 

Las mujeres que han viajado a Addis Abeba se han beneficiado de la labor de las Hermanas Combonianas. Junto con Talitha Kum, la eparquía organiza sesiones de formación y talleres para jóvenes en riesgo de migración irregular, así como formación profesional para mejorar sus habilidades y empleabilidad, de modo que puedan permanecer y ganarse la vida en Etiopía.

Pero muchas iniciativas se han visto obstaculizadas por los recortes de la ayuda exterior. En un mundo donde la financiación extranjera disminuye, el abune Tesfasellassie afirma que los fondos deben usarse de forma más eficiente, lo que significa asignar una mayor proporción de los recursos disponibles a los actores locales, cercanos a la realidad y con vínculos profundos con la comunidad, en lugar de a las grandes organizaciones no gubernamentales. 

“Todas estas burocracias y matrices son trucos que solo los más aptos pueden sobrevivir”, afirma. “Para mover el dinero entre los poderosos, utilizan estos trucos”.

En ese laberinto burocrático, “solo los profesionales mejor pagados pueden preparar ‘propuestas de proyecto’, no la gente común que trabaja sobre el terreno con una enorme rentabilidad”, afirma el obispo, explicando los requisitos de financiación, que a menudo son demasiado complicados y requieren mucho tiempo para quienes trabajan sobre el terreno. 

“Estamos profundamente agradecidos a todas las personas de buena voluntad y generosidad”, afirma. “Pero estos procesos necesitan simplificarse, porque los recursos no nos llegan a tiempo ni nos ayudan a resolver los problemas”.