El 7 de marzo, legisladores de Georgia aprobaron mayoritariamente la “Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera”. Sostuvieron que su propósito era satisfacer la necesidad de mayor seguridad a nivel nacional contra posibles amenazas de agentes extranjeros. Los opositores —incluyendo una gran proporción de adultos jóvenes— argumentaron que la ley tenía como objetivo paralizar, marginar y eventualmente desaparecer a dos de los actores esenciales de todo sistema democrático: los medios de comunicación independientes y la sociedad civil, ambos considerados como amenazas por la élite política.
Una creciente indignación colectiva se produjo en la capital Tbilisi tras la aprobación de la ley. La gente salió raudamente de sus hogares y centros de trabajo y realizó una protesta pública frente al Parlamento. La manifestación fue tan efectiva que la ley fue derogada el 10 de marzo.
En el ex país soviético, muchos grupos de la sociedad civil —armados de compromiso social y con informes no oficiales— desempeñan el crucial papel de vigilantes del gobierno. Los medios de comunicación, a su vez, informan sobre las actividades de dichos grupos, así como del gobierno.
La ley, que según sus opositores habría alineado a Georgia con el neoimperialismo ruso, estaba destinada a monitorear a medios e instituciones que reciben fondos para labores filantrópicas y de abogacía de organizaciones extranjeras que otorgan subvenciones, así como a fundaciones privadas y agencias de desarrollo internacional, en su mayoría con base en Europa y Estados Unidos. La idea subyacente, según esta interpretación, es que estos grupos promueven intereses extranjeros que favorecen a Occidente y anticipan un eventual futuro en el que Georgia podría llegar a ser miembro de la Unión Europea (UE).
El voto parlamentario del 7 de marzo se encontró ante una unidad sin precedentes de la sociedad georgiana. Además de las protestas ciudadanas, más de 436 organizaciones representativas de la sociedad civil, entre ellas Caritas Georgia, firmaron una petición oponiéndose a la ley y apoyando incondicionalmente una visión de futuro con Georgia dentro de la UE.
Situada en el sur del Cáucaso, Georgia ha estado expuesta a las influencias de la civilización occidental y oriental, las que han desempeñado un papel importante en la configuración de la historia del país y dado lugar a un rico tejido de tradiciones, creencias y costumbres a lo largo de los siglos.
Una de las naciones más antiguas del mundo, Georgia recibe su legado e identidad de los cólquidas, una de las antiguas tribus indígenas kartvelianas que vivieron en la actual Georgia occidental desde la Edad del Bronce, y que formaron parte de la primera civilización europea. A principios del siglo IV, Georgia adoptó el cristianismo como resultado del esfuerzo evangelizador de Santa Ninó. A través de los siglos, mientras la fe cristiana se afianzaba en Georgia, el país se convirtió en un importante puesto de avanzada del cristianismo, junto con Armenia, incluso en momentos en los que el islam envolvió partes de la región, pasada la primera mitad del siglo VII. Los monjes georgianos fueron agentes de encuentros culturales y contribuyeron a la difusión de la cultura bizantina en las tierras de habla georgiana.
La proximidad de Georgia a los imperios persa y otomano, y sus interacciones históricas con la Ruta de la Seda, también la impregnaron de elementos de la cultura oriental. Incluso hoy, Georgia sigue navegando por las complejidades de su herencia cultural dual.
Aún así, muchos georgianos aspiran hoy a alinear al país con los valores occidentales de la democracia, derechos humanos y desarrollo económico, buscando vínculos más estrechos con la UE y la OTAN. En sus primeras décadas de independencia postsoviética, la sociedad georgiana tendía a un mayor acercamiento con Europa, algo que podía apreciarse también en sus políticas de gobierno. Esto condujo a la realización de reformas destinadas a modernizar las instituciones, mejorar la gobernanza y promover la integración europea. La generación más joven, de manera particular, está interesada en adoptar los ideales y estilos de vida occidentales.
Sin embargo, este gobierno ha enfrentado críticas en el camino hacia la integración europea. La UE ha subrayado que la creación y mantenimiento de un entorno de apoyo para las organizaciones de la sociedad civil y la protección de la libertad de prensa constituyen el núcleo de toda democracia; la adopción de la mencionada ley de agentes extranjeros era inconsistente con estas aspiraciones y con las normas y valores de la UE.
El año pasado, durante una cumbre de la UE en Bruselas, Ucrania y Moldavia recibieron el estatus de “países candidatos” para formar parte de la unión, mientras que Georgia solo fue considerada como prospecto para la candidatura. La Comisión Europea estableció requisitos obligatorios para que Georgia recibiera el estatus de candidato, destacando claramente las fallas del gobierno actual: polarización política, falta de independencia y responsabilidad efectiva de las instituciones estatales; deficiencias en el marco electoral, carencia de un sistema judicial totalmente independiente, responsable e imparcial; amenazas a los medios de comunicación libres e independientes, y falta de protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables. El Parlamento Europeo también exigió a Georgia que prosiga con la “desoligarquización” de su gobierno mediante la eliminación de la influencia excesiva de grupos de interés enquistados en la vida económica, política y pública de la nación.
La integración de Georgia en la UE es crucial por un sin número de razones, incluidas la erradicación de la pobreza (actualmente el 17,5 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza), la mejora de la educación y la calidad de vida, la reducción de la desigualdad en los ingresos, así como una mayor oferta de servicios de bienestar social para los desatendidos o la disminución de la polarización política.
Aunque la ley estaba dirigida contra organizaciones sin fines de lucro dedicadas a promover defensa legal, activismo social, democratización de las instituciones gubernamentales y erradicación de la corrupción, de haberse ratificado también habría tenido un efecto perjudicial en las organizaciones benéficas sin fines de lucro, es decir, aquellas que ofrecen servicios de bienestar social como Caritas Georgia, ya que el 20% de su presupuesto total a menudo comprende donaciones extranjeras.
Las organizaciones de bienestar social, tanto internacionales como locales, trabajan en estrecha colaboración y cooperación con el gobierno, ampliando significativamente la capacidad y los recursos limitados de este último y así cubrir los vacíos que hay en los programas de bienestar en el país. Organizaciones de servicios sociales como Caritas Georgia, financiadas principalmente por donantes extranjeros, brindan oportunidades a niños en estado de vulnerabilidad, albergan víctimas de la violencia, aseguran una vida digna a los adultos mayores que se encuentran abandonados, promueven la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral, alimentan diariamente a cientos de personas en los comedores de asistencia, brindan ayuda de emergencia y promueven el desarrollo económico y social.
Si los legisladores no hubieran revocado la ley, las organizaciones de bienestar social se habrían visto obstaculizadas para mantener relaciones con los donantes del extranjero y la ampliación de la base de donantes habría sido imposible debido al clima hostil. En resumen, obstaculizar el trabajo de las organizaciones de bienestar social habría dejado a miles de beneficiarios sin asistencia para aliviar su sufrimiento y sin acceso a recursos de vital importancia.
Además de ampliar la capacidad y los recursos de los programas de bienestar social en todo el país, las organizaciones sin fines de lucro podrán adquirir un mayor conocimiento y experiencia en un área particular de necesidades, que debe aprovecharse en beneficio de las poblaciones desatendidas.
Las organizaciones sin fines de lucro en Georgia son esenciales y muy diversas en sus funciones. Hacen contribuciones significativas para satisfacer las necesidades de la sociedad, promover la participación ciudadana, establecer responsabilidades y abogar por un cambio positivo. Estas organizaciones juegan un papel crucial en la construcción de una sociedad que sea inclusiva, resiliente y equitativa. Marginar su contribución etiquetándolas como “agentes de influencia extranjera” deteriora significativamente la salud del sector sin fines de lucro en Georgia, a expensas de decenas de miles de beneficiarios.
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