El reverendo Marios Khairallah va velozmente por una carretera hacia los pueblos montañeros del sur del Líbano, adelantando a tantos vehículos como puede.

“Tengo miedo de que un dron israelí dispare, si uno de sus blancos está en esta carretera”, dice.

El sacerdote de la Archieparquía Greco-Católica Melquita de Tiro, la principal ciudad costera del sur del Líbano está angustiado.

“¿Quién sabe quién está en ese auto o qué lleva ese camión?” dice, señalando a los vehículos de adelante.

El sur del Líbano volvió a ser teatro de guerra el 8 de octubre, cuando Hezbolá, un partido político libanés y milicia chiita, lanzó ataques aéreos contra Israel en apoyo de Hamás, después de que Israel comenzara a bombardear Gaza en represalia por los ataques terroristas de Hamás contra Israel un día antes.

Desde entonces se han intercambiado disparos entre Israel y Hezbolá casi a diario, amenazando las vidas y los medios de subsistencia en el sur del Líbano y el norte de Israel. A mediados de abril, los combates transfronterizos habían desplazado a decenas de miles y matado a más de 70 civiles, incluidos tres periodistas, en el sur del Líbano y ocho civiles en el norte de Israel.

Esta guerra no es la primera para el padre Khairallah. Nació en 1975 en Tiro, pocos meses después del inicio de una guerra civil que duró 15 años.

Luego, en julio de 2006, en el conflicto de 34 días entre Hezbolá e Israel, el padre Khairallah se hizo cargo de coordinar la ayuda para el sur.

“Ayudé a reconstruir las aldeas cristianas”, recuerda.

El padre Khairallah llega a Derdghaiya y estaciona frente a una casa. Él y el personal de la oficina regional de CNEWA-Misión Pontificia en Beirut bajan del coche y son recibidos por Matta Elia y su esposa, Doha Hassan Chalhoub, y varios cachorros, un caballo y dos vacas. La pareja saluda a sus invitados en el interior y les sirve yogur tradicional libanés, llamado “laban”.

Elia y su esposa comenzaron a elaborar productos lácteos hace cinco años, durante la crisis económica del Líbano que el Banco Mundial clasificó entre las 10 principales crisis económicas del mundo desde mediados del siglo XIX.

La crisis sumió al 82% de la población en la pobreza, duplicando la tasa de pobreza entre 2019 y 2021, según un informe de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia occidental. El informe midió la pobreza en el Líbano en seis dimensiones: educación, salud, servicios públicos, vivienda, bienes y propiedades, y empleo e ingresos.

Elia, un jefe de policía, recuerda que “la vida era cómoda” antes que su salario se desplomara con la devaluación de la libra libanesa frente al dólar. Cuando sus ingresos mensuales cayeron a $150, la pareja se volvió más ingeniosa. Compraron dos vacas, y su esposa, una musulmana chiíta, vendió leche y yogur casero a los cristianos locales y a los beirutíes que pasaban los fines de semana en el sur.

Pero, el flujo de clientes decayó con el conflicto actual; muchos huyeron de sus hogares y se suspendieron los viajes de fin de semana a la región, lo que causó que la familia cayera de la precariedad financiera a la pobreza absoluta.

“Antes de la guerra, no necesitábamos ayuda”, dice Elia, un greco-católico melquita, mientras el padre Khairallah entrega un paquete de alimentos básicos: lentejas, arroz, aceite de cocina, azúcar y “halawa”, un dulce hecho con pasta de semillas de sésamo.

Cuando Anna, su hija menor, no está a la vista, Hassan Chalhoub comienza a llorar.

“Ya no podemos hacer nada”, dice. “La gente tiene que darnos dinero”.

La familia de seis recibió un paquete de alimentos de CNEWA en octubre y luego un cupón de $50 para el supermercado en diciembre. Hasta la fecha, CNEWA ha distribuido cupones a 2.710 familias afectadas por la guerra, por un total de $175.225 en ayuda alimentaria.

Ese día, el padre Khairallah trajo otras buenas noticias: CNEWA cubriría parte de la matrícula anual de $680 de su hija mayor en la escuela católica local. En Líbano, la educación pública carece crónicamente de fondos suficientes, lo que provoca interrupciones de clases y cierres de escuelas. Por eso, muchos padres envían a sus hijos a escuelas privadas o católicas. Pero, muchas familias no han podido pagar la matrícula desde el inicio del año escolar.

En respuesta, CNEWA distribuyó $130.000 entre siete escuelas afectadas por el conflicto para ayudar con los déficits de matrícula y salarios de los docentes.

Desde su sala, Hassan Chalhoub mira al sur, en dirección a la frontera con Israel, a unas 22 millas. La línea de demarcación, llamada Línea Azul, ha sido puesta en vigor por fuerzas de paz de la ONU desde 2000, cuando Israel se retiró del sur del Líbano después de 15 años de ocupación.

Por la noche, ella dice que ve caer del cielo fósforo blanco, una sustancia tóxica que provoca quemaduras profundas y contamina el agua y el suelo. Algunos grupos de derechos humanos, al igual que Hadi Hachem, encargado de asuntos interino de la misión permanente del Líbano ante la ONU, han alegado el uso de fósforo blanco por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur del Líbano.

“Pero incluso si morimos”, dice Hassan Chalhoub, “nos quedaremos aquí”.

Jamil Salloum huyó de su aldea, Yaroun, a menos de milla y media de la Línea Azul.

“El bombardeo comenzó el 8 de octubre. Al día siguiente nos fuimos sin nada”, recuerda.

Salloum, su hermana y su sobrina buscaron refugio en un pueblo cercano. Luego, todos se mudaron a Tiro, a 15 millas de la línea de demarcación. A mediados de abril, 92.621 libaneses del sur estaban desplazados internamente, según la Organización Internacional para las Migraciones. Tiro acogió al 28% de ellos.

Salloum habla poco y admite que es doloroso depender económicamente de su sobrina y su marido, con quienes se mudó a un apartamento, junto con sus hijos y su hermana.

“Trabajo en una plantación de tabaco y en invernaderos. En Tiro no puedo trabajar: las tierras agrícolas están allá arriba”, dice, refiriéndose a Yaroun. “Los israelíes tiraron fósforo blanco”, alega, “así que cuando regresemos, necesitaremos sanar la tierra, también sanar a la gente”.

“Pero incluso si morimos, nos quedaremos aquí”.

Visiblemente conmovido, busca en su teléfono fotos de lo que queda de su casa: impactada dos veces por el ejército israelí, ahora está destruida. Las fotos muestran ventanas rotas y ruinas humeantes de sus pertenencias.

“La vida es dura. Hablo en nombre de todo el país, no sólo por mí, ni tampoco por el sur”, afirma. “Si queremos volver [a nuestras aldeas], necesitaremos apoyo. Nadie nos ayuda”.

Salloum tiene razón. Frágil, corrupto y en quiebra, el estado libanés ha sido incapaz, por décadas, de dar seguridad a sus ciudadanos.

Desde que comenzó la crisis económica en 2019, la población ha dependido de las remesas de la diáspora y de la ayuda de organizaciones humanitarias, políticas y religiosas internacionales para sobrevivir.

Para muchos en Tiro, la última red de seguridad ha sido la archieparquía greco-católica melquita, donde el padre Khairallah coordina la asistencia social.

Fahed Elias Assaf fue pescador hasta 2006, cuando su salud le obligó a jubilarse. Desde entonces, la vida ha sido difícil. Él, su esposa e hijos viven en condiciones muy precarias.

La familia huyó a Beirut y regresó a Tiro tres veces desde octubre. Aunque a fines de marzo el centro de la ciudad todavía estaba a salvo del ejército israelí, el zumbido de los drones era implacable.

En su casa en Tiro, en una habitación con techo de madera y goteras apenas caben dos camas y una nevera. Una pantalla de televisión cuelga de la pared. Una habitación contigua se vuelve dormitorio por la noche. La familia de Assaf se recibió de un cupón de comida de $50 en diciembre.

El estado libanés sólo proporciona unas pocas horas de electricidad al día. Para tenerla por más horas, los ciudadanos deben pagar una suscripción a un generador, un gasto que representa el 88% del ingreso mensual para el 20% más pobre de los hogares libaneses, según Human Rights Watch.

Assaf dice que cuando sus hijos, también pescadores, “tienen suficiente dinero, pagan por el generador”.

Además, el Fondo Nacional de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública del Líbano solían cubrir la atención médica de una parte de la población, pero este sistema gubernamental de facto ha dejado de funcionar desde el inicio de la crisis.

Por lo tanto, desde 2022, el padre Khairallah coordina la atención de salud financiada por la archieparquía para 60 familias, cuyos miembros padecen enfermedades crónicas. Assaf, que sufre de hipertensión arterial y diabetes, es uno de los que recibe visitas médicas y medicamentos costeados por la archieparquía.

El padre Khairallah dice que el rol de la iglesia no es reemplazar al estado sino predicar el Evangelio y dar los sacramentos, pero admite que siente alegría al estar “al lado de los feligreses durante este momento difícil”.

“Debemos confiar en Dios y en Jesucristo. Es lo que nos da esperanza”.

Cuando suena su teléfono, el sacerdote contesta inmediatamente: un ataque aéreo apuntó a una aldea a 18 millas al este de Tiro.

“¿Estaba cerca de la iglesia?” pregunta. “Llamaré al sacerdote y me aseguraré de que esté bien”.

En el pueblo de Qana, las cicatrices de la guerra se transmiten a una nueva generación. Recostada en su sofá, Mirella Boutros, de 14 años, busca en su celular y comparte una foto de una ventana rota de su casa, a 20 minutos en coche de Tiro.

“Oímos mucho los aviones de combate, así que no puedo concentrarme mucho”, dice Mirella sobre la situación en su escuela, cercana a pueblos bombardeados regularmente.

“Cuando hay un ataque, algunos estudiantes pierden el conocimiento, otros gritan. En los baños, si [los israelíes] atacan una vez más, las paredes se derrumbarán. Las ventanas ya están rotas”, afirma.

A medida que oscurece, Ziad Boutros, su padre, dice: “Esperen un poco más y [el bombardeo] comenzará. Sucede todos los días”.

“Estamos esperando que la situación mejore”, afirma. “Ni los musulmanes ni los cristianos pueden hacer nada”.

Qana es el hogar de 53 familias cristianas, pero la mayoría en el pueblo es chiita. Boutros dice que las comunidades viven juntas serenamente.

“Las necesidades son inmensas y no podemos solventarlas”.

“Hablamos de temas sociales, no de política. La política y las armas no son nuestro problema”, afirma. “Todos somos hijos del país”.

El policía acaba de ser padre por quinta vez. Antes de la crisis, el nacimiento de su hijo Charbel no habría agotado sus finanzas: su salario mensual era de $2.000. Ahora son $200, como el precio de la cesárea para su esposa.

El padre Khairallah dice que los pañales y las fórmulas infantiles están fuera del alcance de muchas familias.

“Un envase puede costar hasta $8”, afirma.

El sacerdote prepara una lista de 30 familias cuyos bebés recibirán fórmula por unos meses, gracias a una subvención de $4.000 de CNEWA.

“Puede que no tengamos mucho dinero, pero trabajamos lo mejor que podemos con sabiduría”.

El arzobispo metropolitano Georges Iskandar de Tiro dice que la archieparquía ha tratado de responder a la angustia de su rebaño desde el inicio de la guerra y apoyar su presencia continua en sus aldeas.

“Las necesidades son inmensas y no podemos solventarlas”, afirma.

“Estamos en contacto con líderes religiosos de otros grupos y les hemos pedido [a Hezbolá, Hamás, la Jihad Islámica Palestina y Amal] que eviten tomar acciones cerca de las casas”, afirma.

Casi seis meses después de la guerra, el arzobispo dice que uno debe tener “la misma fe que tuvo la mujer cananea” en el Evangelio de Mateo cuando le pidió a Jesús que curara a su hija en Tiro.

“Dios nos ayudó, Dios nos está ayudando y nos ayudará a evitar la guerra [total]”.

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